La Evaluación de Ecosistemas del Milenio menciona que “un
conjunto efectivo de respuestas que aseguren una gestión sostenible de los
ecosistemas requiere cambios sustanciales en las instituciones y en la
gobernanza, en las políticas económicas e incentivos, en los factores sociales
y de comportamiento y en la tecnología y los conocimientos, los cuales podrían
disminuir considerablemente la severidad de esos problemas en las próximas
décadas” (MEA, 2005)
El contexto político internacional en el que se desarrolla el
concepto de gobernanza ambiental data de la década de 1970, cuando se evidenció
la temática en la agenda global, a partir de la Conferencia de Estocolmo
(1972). En los años 1980, la Comisión Bründtland de las Naciones Unidas (1983)
hizo prioritario el tema de sostenibilidad ambiental; de allí surgió la primera
definición del desarrollo sostenible. Estas iniciativas crearon el ambiente
adecuado para que a principios de los 90 se analizaran y acordaran marcos
ambientales internacionales, vinculantes a la Cumbre de la Tierra y los órganos
y mecanismos financieros que aún hoy están vigentes. Sin embargo, el nuevo
siglo ‑con la conferencia de Johannesburgo ‑ trajo la agenda de equidad al
primer plano, donde los temas de género y empoderamiento en la toma de
decisiones son vitales.
En este marco, Castells (1996) y Touraine (2005) identifican
la defensa del ambiente y la emancipación femenina como los movimientos
sociales más promisorios del siglo XXI, que afectan la gobernanza y
gobernabilidad actuales. Se destacan las nuevas atribuciones de la sociedad
civil y la necesidad de tomar parte en su propio desarrollo. Las experiencias
aquí sistematizadas, provenientes de organizaciones incluyentes, voluntarias y
democráticas responden plenamente a este nuevo marco.
Los países de América Latina y el Caribe presentan las
mayores desigualdades en el mundo, con la sola excepción del África
subsahariana (Banco Mundial 2006). Por tanto, uno de los pilares que sostendrá
la conservación de servicios ecosistémicos deberá ser la reducción de la
pobreza, entendida no solamente como la escasez de ingresos, sino como la
privación del ejercicio de los derechos fundamentales y las limitaciones para
aprovechar oportunidades latentes (Sen 1998).
La álgida situación de pobreza en la región se ve agravada,
aún más, por la corrupción que sigue debilitando la autoridad moral de los
líderes locales y la ineficacia de las políticas para encarar la desigualdad.
De ese modo, los ricos y poderosos continúan dirigiendo y controlando la
distribución de los recursos (Latinobarómetro 2006), lo cual repercute en el
comportamiento social, económico y político, y afecta el ambiente17. Según el
Banco Mundial, la corrupción le cuesta a un país cerca del 20% de su producto
interno bruto. Vuelve a cobrar relevancia, entonces, el tema de la gobernanza
participativa, pero para esto se debe entender a cabalidad la conceptualización
en la que se basa el estudio.
Gestión colaborativa y adaptativa de servicios ecosistémicos
Definimos la gestión colaborativa y adaptativa de servicios
ecosistémicos a escala de paisaje como un proceso donde se toma en cuenta la
integración entre sociedad, ambiente y economía, con el fin de restaurar la
capacidad del paisaje de ofrecer bienes y servicios ecosistémicos a la sociedad
de manera sostenible.
Las experiencias aquí presentadas son ejemplos de estos
procesos de gestión:
(i)
Gobernanza efectiva, que es la condición necesaria para impulsar los
siguientes elementos del marco conceptual.
(ii)
Construcción de una visión
compartida, que muestra los procesos de diálogo y planificación de las acciones
necesarias y las responsabilidades de los diversos involucrados.
(iii)
Mecanismos financieros para poder implementar las acciones propuestas,
incluyendo fondos ambientales, pagos por servicios ambientales, acceso a
mercados, asistencia técnica, etc.
(iv)
Procesos de aprendizaje, mediante el monitoreo, la evaluación, la
sistematización y la reflexión que permitan hacer los ajustes necesarios a
tiempo, bajo el enfoque de manejo adaptativo.
(v)
Alianzas público-privadas que permitan desarrollar un sector empresarial
responsable y comprometido con la provisión de servicios ecosistémicos del
paisaje y un sector público facilitador de un ambiente político, económico y
social habilitador para la innovación y la incidencia.
De forma consistente con el enfoque
ecosistémico, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y la gestión de
servicios ecosistémicos, la visión de estas experiencias responde a la escala
donde un ecosistema pueda mantener la integridad de sus funciones.
Al mismo tiempo, responde al
principio de subsidiaridad, donde la toma de decisiones se debe hacer en el
nivel más cercano posible al recurso natural de interés. Como menciona Celedón
(2002) “…el ejercicio del poder encuentra potencialmente en la participación
ciudadana, un argumento de rediseño y renovación”. Si vemos el ajuste temporal
de las tendencias políticas hacia la participación y subsidiariedad, se
evidencian los cambios sufridos desde fines de la Segunda Guerra Mundial, hace
40 años, cuando imperaba la fe en el Estado intervencionista; seguido por una
tendencia a la aceptación del modelo de mercado, durante los últimos 20 años, y
el surgimiento de un nuevo paradigma ‑la participación de la sociedad civil ‑ en
años recientes (Ackerman 2005).
Gobernanza y gobernabilidad Para
efectos del presente estudio, estas categorías conceptuales son fundamentales,
dado que las experiencias sistematizadas basan su accionar en una arquitectura
de gobernanza que les permite realizar gestiones ambientales de un modo
coherente y efectivo. Por tanto, para comprender a cabalidad el documento, es
preciso definir con precisión a qué nos referimos con el término “gobernanza” y
realizar la distinción entre estos conceptos, que suelen ser confusos. Según
Bazzani (2006), i) los tomadores de decisiones no diferencian entre gobernanza
y gobernabilidad; ii) entre los investigadores, su uso es confuso; iii) los
niveles de conocimiento, comprensión y uso del término gobernanza (gobernancia)
fueron inferiores a aquellos correspondientes a gobernabilidad.
¿Qué entendemos por
gobernanza?
“Sin detenernos demasiado en la prehistoria de ‘governance’,
es interesante observar que procede del francés antiguo ‘gouvernance’,
precisamente el término que adoptaron los franceses hace pocos años cuando
detectaron y estudiaron este problema... ‘Gouvernance’ era hasta hace bien poco
una palabra francesa tan en desuso como su equivalente «gobernanza» en
castellano; una y otra tenían el mismo significado (gobierno) cuando la primera
se introdujo en el inglés en el s. XIV.... (cf. español: Corominas; inglés:
Oxford English Dictionary; francés: Dictionnaire historique de la langue
française).
Las siguientes definiciones muestran cierto acuerdo sobre el
término y su acepción en documentos e investigaciones a partir de la década de
1990. Estas definiciones consistentemente mencionan que el término se refiere a
la forma en que se ejerce el poder para el bien común, así como las normas y
reglas que permiten llegar a acuerdos y generar transacciones e interacciones
entre los sectores sociales involucrados.
Una definición importante es la de Naciones Unidas pues, dada
su influencia y su rango como organismo internacional, marca cierta pauta para
otras publicaciones: “De acuerdo al enfoque prescriptivo, ‘governance’ se
refiere a la manera en que el poder legítimo se ejerce en relación con la sociedad
y para el bien común. De acuerdo al enfoque descriptivo, el concepto de
‘governance’ señala que la sociedad no es regida únicamente por el gobierno,
sino que éste es parte de una red compleja de interacciones entre instituciones
y grupos. Sin implicar juicio de valor, se puede decir que en un sistema de
gobierno abierto o democrático, la intensidad de las interacciones puede ser
mayor que en uno no democrático. Lo que es claro es que el gobierno es sólo la
parte visible del iceberg de governance” (Naciones Unidas 1995).
Esta definición abrió paso a la idea del poder y a la forma
en que este se moldea en los asuntos de una sociedad y la determinación de los
aspectos políticos, económicos y sociales. Este énfasis en el poder se puede
encontrar en otras apreciaciones “consideramos el ejercicio del poder /governance/
no como un atributo exclusivo de los gobiernos en cuanto a institución, sino
también de la sociedad civil y del mercado” (Rodríguez y Winchester 1998).
Estos mismos autores apuntan: “Por tanto, la forma como el sistema resuelve los
conflictos sociales y la subsiguiente distribución de sus costos y beneficios
dependen tanto del régimen político, como del proceso de definición y toma de
decisiones y de la capacidad para implementarlas y ejecutarlas. Es decir, la
distribución final de los beneficios y costos de los conflictos entre los
actores del mercado, del Estado y de la sociedad civil depende de cómo se
gobierna y de la distribución del poder entre ellos”.
El politólogo Eduardo Feldman (2001), analista del Instituto
Internacional de Gobernabilidad, señala: “El concepto de ‘governance’ sirve
como paraguas conceptual para referirse a las diferentes instancias de
‘gobierno’ (entendido en un sentido amplio) público y privado que existen en
una sociedad, así como para analizar las consecuencias derivadas de la
coexistencia de distintas redes locales de ‘governing institutions’ de distinto
grado de sofisticación y desarrollo institucional (incluyendo pero no
reduciendo éstas a la de la esfera política)”. Feldman ratifica la
instrumentación de la noción de gobernanza involucrando tanto el gobierno de lo
público como de lo privado, e introduce explícitamente la idea de las redes
locales o las instituciones de gobierno local. También habla de la
“arquitectura de gobernanza”, lo cual denota la idea de una red compleja de
relaciones.
En conclusión, “gobernanza” expresa el modo de gobernar; es
decir, la forma en que las personas se organizan para tomar decisiones y
ejecutar actividades y los procedimientos y normas que regulan sus relaciones,
acuerdos y transacciones. Toda organización social tiene una arquitectura de
gobernanza que le permite operar.
Bibliografia:
Banzzani, R. 2006. Propuesta analítica de gobernanza en
investigación en salud colectiva en América Latina y el Caribe (en línea).
IDRC-CRDI. Presentación en Río de Janeiro, 25 de agosto de 2006. Diapositivas
12 y 13. Disponible en
http://www.idrc.ca/uploads/user S/11570373771bazzani_presentation.pdf Barry,
PL. 2003. Mesoamérica en llamas (en línea). Science@NASA.
Disponible en http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2003/16may_biocorridors.htm
Berdegué, J; Ocampo A; Escobar G. 2000. Sistematización de experiencias locales
de desarrollo agrícola y rural. Guía metodológica. 46 p. Campos, JJ; Alpízar,
F; Louman, B; Parrota, J; Madrigal, R. 2006. Enfoque integral para esquemas de
pago por servicios ecosistémicos forestales. In Mery, G; Alfaro, R; Kanninen,
M; Lobovikov, M. Forest in the Global Balance-Changing Paradigms. Viena,
Austria, IUFRO World Series Vol. 17. p. 97-116.
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