La Evaluación de Ecosistemas del Milenio menciona que “un conjunto efectivo de respuestas que aseguren una gestión sostenible de los ecosistemas requiere cambios sustanciales en las instituciones y en la gobernanza, en las políticas económicas e incentivos, en los factores sociales y de comportamiento y en la tecnología y los conocimientos, los cuales podrían disminuir considerablemente la severidad de esos problemas en las próximas décadas” (MEA, 2005)

El contexto político internacional en el que se desarrolla el concepto de gobernanza ambiental data de la década de 1970, cuando se evidenció la temática en la agenda global, a partir de la Conferencia de Estocolmo (1972). En los años 1980, la Comisión Bründtland de las Naciones Unidas (1983) hizo prioritario el tema de sostenibilidad ambiental; de allí surgió la primera definición del desarrollo sostenible. Estas iniciativas crearon el ambiente adecuado para que a principios de los 90 se analizaran y acordaran marcos ambientales internacionales, vinculantes a la Cumbre de la Tierra y los órganos y mecanismos financieros que aún hoy están vigentes. Sin embargo, el nuevo siglo ‑con la conferencia de Johannesburgo ‑ trajo la agenda de equidad al primer plano, donde los temas de género y empoderamiento en la toma de decisiones son vitales.

En este marco, Castells (1996) y Touraine (2005) identifican la defensa del ambiente y la emancipación femenina como los movimientos sociales más promisorios del siglo XXI, que afectan la gobernanza y gobernabilidad actuales. Se destacan las nuevas atribuciones de la sociedad civil y la necesidad de tomar parte en su propio desarrollo. Las experiencias aquí sistematizadas, provenientes de organizaciones incluyentes, voluntarias y democráticas responden plenamente a este nuevo marco.

Los países de América Latina y el Caribe presentan las mayores desigualdades en el mundo, con la sola excepción del África subsahariana (Banco Mundial 2006). Por tanto, uno de los pilares que sostendrá la conservación de servicios ecosistémicos deberá ser la reducción de la pobreza, entendida no solamente como la escasez de ingresos, sino como la privación del ejercicio de los derechos fundamentales y las limitaciones para aprovechar oportunidades latentes (Sen 1998).

La álgida situación de pobreza en la región se ve agravada, aún más, por la corrupción que sigue debilitando la autoridad moral de los líderes locales y la ineficacia de las políticas para encarar la desigualdad. De ese modo, los ricos y poderosos continúan dirigiendo y controlando la distribución de los recursos (Latinobarómetro 2006), lo cual repercute en el comportamiento social, económico y político, y afecta el ambiente17. Según el Banco Mundial, la corrupción le cuesta a un país cerca del 20% de su producto interno bruto. Vuelve a cobrar relevancia, entonces, el tema de la gobernanza participativa, pero para esto se debe entender a cabalidad la conceptualización en la que se basa el estudio.

 Gestión colaborativa y adaptativa de servicios ecosistémicos

Definimos la gestión colaborativa y adaptativa de servicios ecosistémicos a escala de paisaje como un proceso donde se toma en cuenta la integración entre sociedad, ambiente y economía, con el fin de restaurar la capacidad del paisaje de ofrecer bienes y servicios ecosistémicos a la sociedad de manera sostenible.

Las experiencias aquí presentadas son ejemplos de estos procesos de gestión:

(i)                 Gobernanza efectiva, que es la condición necesaria para impulsar los siguientes elementos del marco conceptual.

(ii)                Construcción de una visión compartida, que muestra los procesos de diálogo y planificación de las acciones necesarias y las responsabilidades de los diversos involucrados.

(iii)             Mecanismos financieros para poder implementar las acciones propuestas, incluyendo fondos ambientales, pagos por servicios ambientales, acceso a mercados, asistencia técnica, etc.

(iv)             Procesos de aprendizaje, mediante el monitoreo, la evaluación, la sistematización y la reflexión que permitan hacer los ajustes necesarios a tiempo, bajo el enfoque de manejo adaptativo.

(v)               Alianzas público-privadas que permitan desarrollar un sector empresarial responsable y comprometido con la provisión de servicios ecosistémicos del paisaje y un sector público facilitador de un ambiente político, económico y social habilitador para la innovación y la incidencia.

De forma consistente con el enfoque ecosistémico, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio y la gestión de servicios ecosistémicos, la visión de estas experiencias responde a la escala donde un ecosistema pueda mantener la integridad de sus funciones.

Al mismo tiempo, responde al principio de subsidiaridad, donde la toma de decisiones se debe hacer en el nivel más cercano posible al recurso natural de interés. Como menciona Celedón (2002) “…el ejercicio del poder encuentra potencialmente en la participación ciudadana, un argumento de rediseño y renovación”. Si vemos el ajuste temporal de las tendencias políticas hacia la participación y subsidiariedad, se evidencian los cambios sufridos desde fines de la Segunda Guerra Mundial, hace 40 años, cuando imperaba la fe en el Estado intervencionista; seguido por una tendencia a la aceptación del modelo de mercado, durante los últimos 20 años, y el surgimiento de un nuevo paradigma ‑la participación de la sociedad civil ‑ en años recientes (Ackerman 2005).

Gobernanza y gobernabilidad Para efectos del presente estudio, estas categorías conceptuales son fundamentales, dado que las experiencias sistematizadas basan su accionar en una arquitectura de gobernanza que les permite realizar gestiones ambientales de un modo coherente y efectivo. Por tanto, para comprender a cabalidad el documento, es preciso definir con precisión a qué nos referimos con el término “gobernanza” y realizar la distinción entre estos conceptos, que suelen ser confusos. Según Bazzani (2006), i) los tomadores de decisiones no diferencian entre gobernanza y gobernabilidad; ii) entre los investigadores, su uso es confuso; iii) los niveles de conocimiento, comprensión y uso del término gobernanza (gobernancia) fueron inferiores a aquellos correspondientes a gobernabilidad.

¿Qué entendemos por gobernanza?

“Sin detenernos demasiado en la prehistoria de ‘governance’, es interesante observar que procede del francés antiguo ‘gouvernance’, precisamente el término que adoptaron los franceses hace pocos años cuando detectaron y estudiaron este problema... ‘Gouvernance’ era hasta hace bien poco una palabra francesa tan en desuso como su equivalente «gobernanza» en castellano; una y otra tenían el mismo significado (gobierno) cuando la primera se introdujo en el inglés en el s. XIV.... (cf. español: Corominas; inglés: Oxford English Dictionary; francés: Dictionnaire historique de la langue française).

Las siguientes definiciones muestran cierto acuerdo sobre el término y su acepción en documentos e investigaciones a partir de la década de 1990. Estas definiciones consistentemente mencionan que el término se refiere a la forma en que se ejerce el poder para el bien común, así como las normas y reglas que permiten llegar a acuerdos y generar transacciones e interacciones entre los sectores sociales involucrados.

Una definición importante es la de Naciones Unidas pues, dada su influencia y su rango como organismo internacional, marca cierta pauta para otras publicaciones: “De acuerdo al enfoque prescriptivo, ‘governance’ se refiere a la manera en que el poder legítimo se ejerce en relación con la sociedad y para el bien común. De acuerdo al enfoque descriptivo, el concepto de ‘governance’ señala que la sociedad no es regida únicamente por el gobierno, sino que éste es parte de una red compleja de interacciones entre instituciones y grupos. Sin implicar juicio de valor, se puede decir que en un sistema de gobierno abierto o democrático, la intensidad de las interacciones puede ser mayor que en uno no democrático. Lo que es claro es que el gobierno es sólo la parte visible del iceberg de governance” (Naciones Unidas 1995).

Esta definición abrió paso a la idea del poder y a la forma en que este se moldea en los asuntos de una sociedad y la determinación de los aspectos políticos, económicos y sociales. Este énfasis en el poder se puede encontrar en otras apreciaciones “consideramos el ejercicio del poder /governance/ no como un atributo exclusivo de los gobiernos en cuanto a institución, sino también de la sociedad civil y del mercado” (Rodríguez y Winchester 1998). Estos mismos autores apuntan: “Por tanto, la forma como el sistema resuelve los conflictos sociales y la subsiguiente distribución de sus costos y beneficios dependen tanto del régimen político, como del proceso de definición y toma de decisiones y de la capacidad para implementarlas y ejecutarlas. Es decir, la distribución final de los beneficios y costos de los conflictos entre los actores del mercado, del Estado y de la sociedad civil depende de cómo se gobierna y de la distribución del poder entre ellos”.

 De acuerdo con el economista Gary Becker, gobernanza implica la existencia de múltiples grupos de poder o grupos de presión bajo un marco de ciertas normas o reglas del juego que definen la interacción y la acción de los grupos y establece límites en cuanto a la influencia de estos grupos en el ámbito político, donde se pueden obtener situaciones de equilibrio del poder18. Deducimos que la gobernanza ambiental no es un concepto referido exclusivamente al estado o al sector público, sino que involucra de una forma mucho más compleja a actores políticos, privados y otros actores con influencia en la gestión ambiental a escala de paisaje. No existe una relación de subordinación entre unos actores y otros. Para facilitar la relación entre grupos de actores deben existir arreglos institucionales regulados por reglas y normas. Los actores tienen influencia en la conformación de estos elementos pero, a su vez, las reglas y normas determinan cómo se lleva a cabo la interacción entre grupos.

El politólogo Eduardo Feldman (2001), analista del Instituto Internacional de Gobernabilidad, señala: “El concepto de ‘governance’ sirve como paraguas conceptual para referirse a las diferentes instancias de ‘gobierno’ (entendido en un sentido amplio) público y privado que existen en una sociedad, así como para analizar las consecuencias derivadas de la coexistencia de distintas redes locales de ‘governing institutions’ de distinto grado de sofisticación y desarrollo institucional (incluyendo pero no reduciendo éstas a la de la esfera política)”. Feldman ratifica la instrumentación de la noción de gobernanza involucrando tanto el gobierno de lo público como de lo privado, e introduce explícitamente la idea de las redes locales o las instituciones de gobierno local. También habla de la “arquitectura de gobernanza”, lo cual denota la idea de una red compleja de relaciones.

En conclusión, “gobernanza” expresa el modo de gobernar; es decir, la forma en que las personas se organizan para tomar decisiones y ejecutar actividades y los procedimientos y normas que regulan sus relaciones, acuerdos y transacciones. Toda organización social tiene una arquitectura de gobernanza que le permite operar.

Bibliografia:

Banzzani, R. 2006. Propuesta analítica de gobernanza en investigación en salud colectiva en América Latina y el Caribe (en línea). IDRC-CRDI. Presentación en Río de Janeiro, 25 de agosto de 2006. Diapositivas 12 y 13. Disponible en http://www.idrc.ca/uploads/user S/11570373771bazzani_presentation.pdf Barry, PL. 2003. Mesoamérica en llamas (en línea). Science@NASA.

Disponible en http://ciencia.nasa.gov/headlines/y2003/16may_biocorridors.htm Berdegué, J; Ocampo A; Escobar G. 2000. Sistematización de experiencias locales de desarrollo agrícola y rural. Guía metodológica. 46 p. Campos, JJ; Alpízar, F; Louman, B; Parrota, J; Madrigal, R. 2006. Enfoque integral para esquemas de pago por servicios ecosistémicos forestales. In Mery, G; Alfaro, R; Kanninen, M; Lobovikov, M. Forest in the Global Balance-Changing Paradigms. Viena, Austria, IUFRO World Series Vol. 17. p. 97-116.

 



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